La resolución de la asamblea local de la organización en la que milito (EUiA de Badalona) de 18 de Octubre de 2008 se iniciaba con la siguiente manifestación: “La actual crisis no es solo de carácter económico de matriz financiera e inmobiliaria con una fuerte componente especulativa sino también energética, alimentaria, moral y global. Tiene todos los visos de acabar en una recesión económica que puede derivar en una depresión global con desempleo masivo y obliga a plantearse el final de una etapa a la vez que nos emplaza, con urgencia, a construir nuevos modelos de desarrollo y sostenibilidad”.
En aquellas fechas – aún no se había entrado formalmente en recesión - los propagandistas del sistema se dividían en dos bloques: los próximos al gobierno que relativizaban la crisis y anunciaban para mediados del 2009 el principio del fin de la misma derivado del acierto de las medidas económicas decretadas por el gobierno y los contrincantes al mismo interesados en descalificarlo sobre la base de responsabilizarlo en exclusiva de la crisis y acusarlo de “mentir” en la campaña electoral de las elecciones generales. Ni unos ni otros admitían ,ni admiten, lo que cada vez se manifiesta de forma más patente: estamos ante una crisis irreversible del sistema económico-social dominante en los últimos años, de alcance todavía desconocido y larga duración.
A día de hoy el Estado Español ha entrado formalmente en recesión al acumular dos trimestres seguidos de decrecimiento económico y la tasa de desempleo se ha disparado: según cifras del Ministerio de Trabajo e Inmigración divulgadas el 3 de febrero, el desempleo subió en enero en 198.838 personas a un total de 3.327.801 millones, lo que representa un alza mensual del 6,35 por ciento después de que en diciembre superase el listón de los 3 millones de desocupados por primera vez en 12 años.
Una persona en paro, o desempleada, es aquella que no tiene trabajo queriendo trabajar, esta es la realidad pura y simple. Pero al pasar a las estadísticas oficiales, esta realidad se muestra matizada y restringida. Los trabajadores autónomos que se quedan sin trabajo y los llamados desanimados, que consideran imposible encontrar empleo, habiéndolo buscado con anterioridad, y los que buscan empleo, pero no de forma activa (no se sabe bien qué es eso), son estadísticamente inactivos, no son considerados como parados, lo cual deja fuera de las estadísticas oficiales a una cantidad no despreciable de trabajadoras y trabajadores sin empleo y con deseos de trabajar. Se considera que esta bolsa de desempleados no reconocidos elevaría el paro entre un 30% y un 40% si se contabilizase.
De ellos, de los/as parados/as estadísticamente existentes, tiene derecho a prestación por desempleo quien haya cotizado 360 o más días en los 6 últimos años; esto supone que solamente el 52% de los/as parados/as obtiene esa prestación. El tiempo por el que tienen derecho a la misma, que a su vez es una función del tiempo de cotización, va de un mínimo de 4 meses a un máximo de 24 y por una cuantía entre el 75%, mínimo, y el 170%, máximo, del SMI (en 2009 es de 624 euros/mes) para un/a trabajador/a sin hijos o del 100% al 195% (1 hijo) o 220% (2 hijos o más) del SMI, cifras a las que hay que descontar las retenciones por IRPF y de la cuota de la S.S.
Esto, ¿qué significado tiene? En primer lugar que, aproximadamente el 65% de los trabajadores sin empleo, contabilizados o no en las estadísticas oficiales, queda fuera del sistema. En segundo lugar, si la recesión deviene en depresión y la creación de empleo se alarga en el tiempo, los que cobren el paro lo verán agotarse en un período máximo de dos años- en el mejor de los casos- y la mayoría de ellos percibirá nada.
Pero el problema en nuestro país no se limita al paro, por mucho que esté alcanzando proporciones no soportables. La clase trabajadora, la mayoría de sus componentes, sale de la fase de bonanza del ciclo económico en una situación que puede ser definida como de precariedad y falta de derechos.
En efecto, a las cifras escandalosas de desempleo hay que sumar 5 millones de asalariados con contrato temporal, 5 millones de los contratos indefinidos lo son de conversión, con derechos recortados respecto de los denominados ordinarios, 2,5 millones con jornada parcial, 1,6 millones en situación de subempleo (sin que se les reconozca la cualificación y experiencia profesional o la formación y titulación), 1,5 millones con salario por debajo del mínimo interprofesional, el salario de las mujeres es, como media, un 30% menor del de los varones para el mismo trabajo realizado, alrededor de 2,5 millones de trabajadores están en la economía sumergida sin ningún tipo de derecho y al menos 7,7 millones de asalariados fuera de la negociación colectiva. Las jornadas de trabajo, en donde no se contabiliza el tiempo de transporte desde y al domicilio, son de las mayores de la UE-15.
En un reciente estudio de obligada consulta para quien esté interesado en tener una visión objetiva de la situación económica-social (La situación de la clase trabajadora en España, una comparación con los países de la UE-15 y EE.UU, por Vicenç Navarro, Marta Tur y Miquel Campa. Se puede consultar en www.vnavarro.org), entre otros muchos datos se señala uno, a mi entender, definitorio de la situación española: “España es uno de los países en que la diferencia en el nivel de renta entre los más ricos y los más pobres es más acentuada. En realidad, es probable que la situación sea incluso peor pues los muy, muy ricos ni siquiera aparecen en las encuestas aleatorias sobre las que se basan estos datos. Y sabemos que el fraude fiscal alcanza enormes dimensiones en España (equivalente a un 10% del PIB). Según las declaraciones de renta, un empresario ingresa menos que un trabajador en España”.
La política del empresariado español que más allá de las pamplinas del “liderazgo”, la “calidad total” y otras zarandajas es una constante de contratación en precario, de las ETT, de las deslocalizaciones, de las externalizaciones, de las subcontrataciones, del encadenamiento de los contratos basura. Que es una forma de actuar que no tiene nada que ver con la innovación, la investigación, el trabajo de calidad, la competitividad a partir de la productividad y sí mucho con las largas jornadas, los bajos salarios, las ínfimas condiciones en el puesto de trabajo y los desmesurados beneficios es, en estos momentos, el principal lastre para construir un nuevo modelo productivo que signifique una salida a la crisis mínimamente decente.
Sin visión de estado, la clase empresarial española con una mentalidad alicorta acostumbrada a la sobreexplotación de los trabajadores, a vivir de los presupuestos públicos y a amasar grandes beneficios se dedica a lloriquear pidiendo ayudas estatales y con un descaro absoluto a plantear en la práctica el despido libre y barato.
Porque el despido barato ya existe (se han perdido 1 millón de empleos en 2008) tanto porque mantienen, en fraude de ley, un nivel de temporalidad en la contratación injustificable que solo acarrea falta de calidad en el trabajo y, en consecuencia, de productividad, como porque el despido con 20 días por año de indemnización ya está recogido en la legislación española: despido (individual o colectivo) por causas objetivas (organizativas, de producción o económicas), ahora bien las causas objetivas se han de acreditar presentando cuentas, planes de reorganización, etc… Lo que se pretende es no tener que justificar nada y despedir a libre antojo del empresario y barato. Sin embargo los directivos siguen con contratos blindados e indemnizaciones escandalosas en caso de cese.
Esta clase empresarial es incapaz de prestar un servicio a la sociedad. No son capaces de moderar sus ingresos y dedicar una porción de sus beneficios a inversiones productivas, como la innovación, o la formación de sus empleados, con el fin de aumentar la tan cacareada competitividad. Porque esto no se consigue con sueldos cada vez más bajos, mayor precariedad y escasa preparación, sino por una apuesta seria por el trabajo como medio productivo y también, como factor de dignificación y cohesión social. Lo acaba de decir muy claro uno de los mejores conocedores de los mercados laborales, el Premio Nobel de Economía Robert Solow: "España necesita tecnología, no flexibilidad laboral".
Salir de la crisis hoy supone poner por delante las necesidades de la mayoría frente a los beneficios de la minoría. Esta concepción tan sencilla y tan simple tiene su principal enemigo en una clase empresarial parasitaria a la que, necesariamente, habrá que obviar si se quiere superar la situación actual. Hay que recuperar lo “público”, los recursos del Estado (de todos los ciudadanos) no pueden seguir subvencionando y “ayudando” a estos personajes. Hay que incentivar la inversión pública desde empresas públicas, hay que recuperar la banca pública, hay que crear empleo estable creando empresas públicas.
La aplicación de recetas neoconservadoras en el mal llamado mercado de trabajo, con la polarización económica y social que ha acarreado, ha sido un absoluto fracaso, si lo que se pretende es una sociedad cohesionada y relativamente equilibrada. El pretender poner parches a semejante desaguisado no vale absolutamente para nada.
En este contexto también hay que destacar el ensimismamiento irresponsable de determinados políticos. No se entiende el incremento desmesurado que han sufrido las tasas y los impuestos municipales multiplicando por cuatro el índice de inflación del 2008 por mucho que se excusen en métodos de cálculo más o menos reglamentados. O el incremento desproporcionado de las tarifas del transporte público. O, también, la autorización del aumento de tarifas eléctricas y de otros servicios públicos en porcentajes muy superiores a la inflación.
La falta de iniciativa de los gobiernos municipales y, en especial, del de Badalona en plantear una batería coherente de medidas desde lo local para contrarrestar la crisis, es francamente preocupante. Se limitan a esperar que llegue el maná del Fondo Estatal de Inversión Local. Olvidando que estamos ante una actuación puntual, no estructural, (en definitiva un parche) que se encuadra en una concepción equivocada de que la situación se arreglara por sí sola a lo que hay que ayudar con medidas puntuales. Las inversiones que se financiaran con este fondo corren el riesgo de favorecer a los de siempre: la oligarquía española que se enriquece a costa del presupuesto público (FCC, Dragados, ACS,OLH etc..). En todo caso es evidente que no servirán para crear empleo estable y de calidad.
Ante este panorama hay que situar un elemento de forma clara: a los trabajadores (parados o en activo) ni a nadie se les va a solucionar nada desde fuera de ellos. Las soluciones han de venir de ellos mismos en su doble vertiente: trabajadores y ciudadanos.
A mi entender es urgente que los movimientos sociales se recompongan, se coordinen y se movilicen para evitar que la crisis la paguen los trabajadores y las trabajadoras.
En este sentido es una buena noticia la convocatoria unitaria (CC.OO-UGT) y abierta a otras organizaciones, de una manifestación para el sábado 14 de Marzo bajo el lema “ Plantem cara a la crisi”. Es también una buena noticia que en la Asamblea, prevista para hoy, de la Confederació de Associació de Veins de Catalunya (Confavc) se plantee tanto sumarse a la convocatoria del día 14 como un calendario de movilizaciones contra las subidas abusivas de tasas y tarifas públicas o reglamentadas (Transporte Público, Energía, etc).
Es, sin duda, también una buena noticia la aparición en Badalona de la Plataforma “Que la crisis la paguen ellos” en la que participan un número significativo de Asociaciones de Vecinos, los sindicatos CC.OO y UGT y está abierta a otras participaciones. Saludo su aparición y no voy a dar recetas sobre lo que tienen que hacer. De su debate interno y democrático saldrán las actuaciones que se consideren oportunas. Solo mostrar mi deseo de que sigan sumando y que el conjunto del movimiento asociativo de Badalona se incorpore al proceso.
